galería Desafío a Trump de 90 alcaldes

Por la política migratoria de tolerancia cero de EE.UU.
Página/12
Se oponen a una norma aprobada el miércoles que busca ampliar el concepto de “carga pública”, y que puede derivar en que el gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.
Un total de 90 alcaldes de ciudades de 29 estados de Estados Unidos han rechazado una propuesta del gobierno del presidente, Donald Trump, para limitar la concesión de la ciudadanía o de la residencia permanente a inmigrantes legales, según una misiva difundida ayer por la Conferencia Nacional de Alcaldes. La firman, entre otros, los alcaldes de Nueva York, Los Angeles, Chicago, Boston y Washington D.C.Los regidores se opusieron así a una proposición de la que se ha hablado durante meses, pero que se incluyó en el Registro Federal el miércoles. La norma busca ampliar el concepto de “carga pública”, un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.

La propuesta es parte del plan de Stephen Miller, asesor del presidente Donald Trump, para limitar el número de migrantes que obtienen estatus legal en Estados Unidos cada año. Los detalles de la reglamentación aún se están finalizando, pero se conoció el tema a partir de un borrador reciente descrito a la NBC News por personas familiarizadas con el documento.

A decir de NBC News, inmigrantes legales podrían ver obstaculizados los procesos de residencia permanente o ciudadanía si alguna vez usaron, tanto ellos como alguien de su núcleo familiar, programas como la ley sanitaria Obamacare, el seguro de salud infantil o los cupones de alimentos.

Para abogados de inmigración, activistas e investigadores de salud pública, este sería el mayor cambio en el sistema legal de inmigración en décadas y más de 20 millones de personas podrían verse afectadas. La medida sería especialmente difícil, consideraron, en el caso de los inmigrantes que trabajan en empleos donde no reciben el salario suficiente para mantener a sus familias.

“Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en Estados Unidos”, explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional. Según los alcaldes, “comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales”.

“Forzará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y la gente a la que ellos aman”, aseveran los alcaldes, en referencia a que en muchos casos estos inmigrantes recurren a solicitar la residencia permanente para garantizar que podrán seguir viviendo con sus seres queridos, en algunos casos hijos nacidos en Estados Unidos.

La propuesta amplía el concepto de “carga pública” a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.

La proposición se enmarca en un contexto en el que Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.

Cuestionado sobre el tema, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la administración Trump se compromete a hacer cumplir las leyes de inmigración existentes.

Miller, el impulsor de la propuesta, ha sido una figura fundamental en la agenda del mandatario republicano de reducir tanto la inmigración ilegal como la legal. Incluso antes de que la nueva norma esté en vigencia, la administración ha hecho que sea más difícil para los inmigrantes obtener tarjetas de residencia y, para los que ya las tienen, recibir la ciudadanía, indicó NBC.

En el año fiscal 2016, bajo la administración de Barack Obama (2009-2017), 1,2 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes legales permanentes y 753 mil 60 se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

Las cifras del primer trimestre del año fiscal 2018, que empezó el pasado 1 de octubre, indican que la entrega de tarjetas de residencia podría disminuir en un 20 por ciento, mientras que los procesos de naturalización caerían en un 10 por ciento en comparación con 2016.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/148539-desafio-a-trump-de-90-alcaldes

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=247733

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