México: en conflicto armado

 

 

El pasado 9 de mayo John Chipman, director general del IISS (International Institute for Strategic Studies) declaró frente a la prensa internacional que “en México existe un conflicto armado marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate”. Esto ocurrió en Londres durante la presentación de los resultados del ‘Armed Conflict Survey 2017’ –publicación anual que tiene como objetivo el estudio de conflictos armados contemporáneos alrededor del mundo-, y que este año, señaló a México como el segundo país con el mayor número de muertes causadas por conflicto armado, el cual -según sus cálculos- alcanzó en 2016 una cifra de 23mil muertos tan solo superada por los por 60mil sirios abatidos por la guerra.No hubo que esperar por mucho la respuesta de las autoridades mexicanas. A la mañana siguiente, un escueto comunicado emitido en conjunto por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación alegó la inverosimilitud de lo sostenido por el IISS argumentando que el análisis “señala de manera irresponsable la existencia de un ‘conflicto armado (no internacional)’ en México”. Para la Cancillería, “la existencia de grupos criminales no es criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país (…) La violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional, que va más allá de las fronteras que México comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice, entre muchos otros países. Los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de fenómenos relacionados en otras jurisdicciones como el tráfico de armas y la demanda de drogas. El combate al crimen organizado debe analizarse de manera integral”. El comunicado, lleno de ambigüedades y eufemismos, concluye que “la estimación total de homicidios dolosos a nivel nacional en 2016 aún no ha sido publicada por el INEGI, por lo que se desconoce el origen de la cifra utilizada en el reporte.”

Aquel fenómeno de extrema violencia que inició como ‘estrategia’ para legitimar el sexenio del hoy expresidente Felipe Calderón y que fue bautizado como ‘Guerra contra el narco’, está cobrando factura a la actual administración. El IISS, que además cuenta con ‘sucursales’ en Washington D.C y Singapur, no tardó en salir en defensa de su polémico documento. Para el viernes 12 de mayo, su editora, la Dra. Anastasia Voronkova dejó en claro que cada conflicto estudiado es diferente, cada uno tiene sus propias causas y su patrón particular de violencia. Además, indicó que su trabajo consiste en el riguroso examen de los conflictos a la luz de tres criterios que permiten discernir si un país está en conflicto, en lugar de si sólo padece de elevados índices de criminalidad y violencia:

“En primer lugar, consideramos la duración y el tiempo. Aquellos en los que la violencia se mantiene durante muchos años y con intensidad, tienden a calificar. (…) En segundo lugar, ¿es la violencia una amenaza para el Estado, así cómo para el ciudadano? Por ejemplo, ¿está en juego el control territorial del gobierno? Y finalmente, ¿ha reconocido el Estado la amenaza en estos términos y ha respondido con fuerza? Lamentablemente, México cumple con todos estos criterios.”

El think tank de los conflictos armados ha monitoreado nuestro país durante diez años, los mismos que le valen para afirmar que las raíces del conflicto se hallan en la debilidad de las instituciones y en el insuficiente desarrollo económico. Además criticó que el gobierno de Peña Nieto “no ha sido tan proactivo en materia de seguridad, como sí lo ha sido en temas como la apertura del sector energético a la inversión extranjera y a la reforma educativa”. El dictamen final del IISS, fue que México necesita de “debates políticos significativos, que vayan seguidos de decisivas acciones políticas con el fin de mejorar su paisaje”.

Pese a que dichas declaraciones contienen cierto grado de verdad, los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de ser críticos frente a la intencionalidad desde la que parten estas palabras. El prestigioso centro de investigación, en ningún momento menciona que “el problema no es responsabilidad exclusiva de México…[ya que] alrededor del 70% de las armas de fuego incautadas [a diversas organizaciones delictivas] entre 2009 y 2014 procedían de Estados Unidos.”(Juan Paullier, “La polémica en México por el informe que lo sitúa como el país más violento del mundo solo por detrás de Siria (que está en guerra civil)”, BBC Mundo, 10 de mayo de 2017, consultado el 15 de mayo, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39877442?ocid=socialflow_facebook ). Es entonces cuando cabe preguntar, ¿quiénes son los beneficiados cuando ambas, tanto las armas incautadas a criminales, como las armas con las que se busca combatirlos, provienen de E.U.?

Lo curioso aquí, es que si el IISS asume la misión de “promover la adopción de políticas sólidas para promover la paz y la seguridad mundiales, y mantener las relaciones internacionales civilizadas”, lo hace porque como corporativo ofrece asesoramiento estratégico y análisis de ‘riesgo político’ a clientes comerciales y gubernamentales; es decir, son una empresa que se dedica a vender planes de control y manejo de daños, ya sea a los gobiernos o al mejor postor.

Sin embargo, este tipo de programas recuerdan la llamada ‘Iniciativa Mérida’, -proyecto mediante el cual el Congreso de los Estados Unidos aprobó en diciembre de 2008 un paquete de ‘asistencia’ que proporcionó a México $400 millones de dólares en equipo y entrenamiento-. Así, con el pretexto del combate contra el narco, el pacto entre los gobiernos de E.U., México y Centroamérica permitió al “imperialismo estadounidense [el financiamiento y] la compra de armas para ejércitos nacionales y la policía de los países de la región, mientras entrena a militares y agentes e infiltra a sus propias fuerzas”.(Movimiento de Trabajadores Socialistas, Juventud Anticapitalista, Pan y Rosas, Gobierno de México aliado de la administración Trump, afirma John Kelly, publicación fanzine, México, 2017.).

No se requiere de mucha imaginación para vincular esto con la constante y creciente presencia de militares en las distintas regiones de la República Mexicana. Esta militarización sigue trayendo como consecuencia la desaparición, el desplazamiento y la muerte de miles de mexicanos a lo largo de todo el territorio; pues sin importar a qué bando pertenecen los enfrentados, los asesinados se vuelven cada vez más visibles: aparecen en forma de fosas clandestinas; en videos, donde el que yace en el piso es muerto por un uniformado que apunta su cabeza; o la lista de periodistas, que en su intento por informar a la población acerca de los nexos entre políticos y delincuentes, han sido vilmente callados para siempre.

Lo cierto es que aunque las autoridades mexicanas rechazaron lo sostenido por el IISS, esto no es garantía de nada. Ni SEGOB, ni SRE , explican los niveles de violencia ni proponen posibles soluciones. El que una institución de este tipo invierta grandes cantidades de tiempo y recursos en el análisis de la realidad social de un país como el nuestro, nos habla de que hay más de un sector preocupado por resolverlo, ¿o mantenerlo? No cabe duda de que hay muchos intereses y empresas norteamericanas dedicadas a la fabricación y venta de armas de por medio, pero como mexicanos, ¿hasta cuándo permitiremos que nuestras autoridades sigan buscando soluciones de fuera, en lugar de reconocer y combatir el crimen y la corrupción que vivimos al interior?

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227066

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